Los parlamentarios aseguraron que no acatarán ninguna medida del TSJ

Los diputados de la Asamblea Nacional declararon como nula e inexistente, la sentencia N°65 del Tribunal Supremo de Justicia (AN), en la cual reconocen al diputado Luis Parra como presidente del Parlamento.

En la sesión virtual de este jueves, 28 de mayo, la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) señaló que el TSJ sacó una decisión “disfrazada” de sentencia y que sería la vez 131 que el Tribunal emite una orden en contra del Parlamento.

Igualmente el diputado Rafael Veloz (VP-Distrito Capital) señaló que el TSJ pretende reeditar la tesis de 2014, que hubo contra los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, de que se puede meter preso a quien desacate un amparo, sin juicio.

“El propósito es desconocer al presidente Guaidó, la Asamblea Nacional y encarcelarnos”, agregó el parlamentario.

Por eso solicitó enviar esta denuncia ante la Relatoría para Independencia del Poder Judicial de Nacionaes Unidas, Federación Latinoamericana de Magistrados; Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana; Parlasur y Parlatino.

El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia) hizo un recuento de lo que ha venido sucediendo con el Parlamento desde que fueron elegidos en diciembre de 2015.

Ratificó que la Asamblea Nacional seguirá trabajando y que el deber es intensificar a lucha para “resolver el más grande de los problemas de Venezuela: Maduro y su grupo”.

Sin acatar la orden

El diputado Williams Dávila (AD-Mérida) aseguró que no acatarán ninguna medida del TSJ y que seguirán llevando a cabo las sesiones virtuales, mientras esté en vigencia la cuarentena.

También dijo que la sentencia es un crimen contra la soberanía nacional y que busca desvirtuar la dirección de la función juridicional para otorgar a Nicolás Maduro una Asamblea Nacional “que avale todos sus improperios y abusos de poder”.

Dávila expresó que los diputados “traidores” siempre serán señalados y que pretenden, junto al chavismo, nombrar un Consejo Nacional Electoral, “a espaldas de los intereses de la soberanía popular”.

Los diputados aprobaron hacer una investigación en contra del diputado Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, por denuncias de chantajes y sobornos a otros parlamentarios y también por “usurpación de funciones”.

En este punto el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó declaró que el sistema de justicia está secuestrado y el TSJ “es un bufete de abogados donde hay acciones política”.

Señaló que no existe un TSJ y que el “legítimo” se encuentra en el exilio. “Lo que hicieron con esta acción política es el desespero de no poder comprar diputados”, agregó.

Responsabilidad política de Maduro

Los diputados también aprobaron un Proyecto de Acuerdo, para declarar la responsabilidad política de Nicolás Maduro y del Procurador, Reinaldo Muñoz Pedroza, al no haber asumido la defensa de Venezuela en el caso de Crystallex International Corporation.

El parlamentario Elías Matta (UNT-Zulia) explicó que deben iniciar una investigación sobre este caso y que profundice en las decisiones que se tomaron en 2018 y que representan un daño al patrimonio.

La compañía con sede en Canadá, ganó una demanda en 2016 por 1.386 millones de dólares, por la expropiación de las minas Las Cristinas, bajo el mandado de Hugo Chávez. Crystallex inició una demanda en Delaware, Estados Unidos, para lograr ejecutar acciones de Citgo, en pago de la deuda derivada del laudo arbitral.

Matta aseguró que Citgo no se está perdiendo por el Gobierno interino. “Está amenazada y ha sido defendida por el Gobierno interino y la Asamblea Nacional”.

En el Proyecto de Acuerdo, se exhorta al Gobierno interino a que ejerza todas las acciones judiciales que aseguren la protección de las acciones de PDV Holding Inc, frente a cualquier medida de embargo.

“Tal y como fuera declarado por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) el pasado 9 de diciembre de 2019, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de renegociar cualquier reclamación legítima que pudiera desprenderse del laudo de 2016, que fue confirmado por las Cortes de Estados Unidos debido a las omisiones del régimen de Nicolás Maduro”.

Runrun.es

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